Las entidades de la Comisión 3.4 y el Departamento de Salud de la Generalitat han llegado a un acuerdo para trabajar conjuntamente para evitar la desatención sanitaria en las comarcas de Lleida.

Esta es la principal conclusión a la que llegaron durante la reunión que mantuvieron con el director territorial en Lleida, Josep Pifarré.

En el encuentro, las entidades manifestaron su desacuerdo con una ley injusta que limita el acceso a la sanidad y retrocede con los derechos fundamentales y por este motivo se han comprometido junto con la administración sanitaria de Lleida a trabajar unidos para evitar los efectos de la Ley y hacer el acompañamiento y asesoramiento necesario a las personas que lo necesiten.

La Comisión 3.4, integrada por la Coordinadora de ONGD y aMS de Lleida, la Red de entidades Cristianas de Acción Caritativa y Social de la Diócesis de Lleida y la Federación Catalana de Voluntariado Social, organizó el pasado día 23 de mayo un encuentro con el Director Territorial de Salud en Lleida y i alt Pirineu i Aran, el doctor Josep Pifarré Paradero, con motivo del seguimiento de las medidas a la demarcación de Lleida del Real Decreto Ley 16/2012, en lo referente al acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública para las personas que no tienen la condición de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud.

El mencionado encuentro que reunió una veintena de asociaciones solidarias, consistió en una primera intervención del doctor Pifarré, qué comentó la actual situación en cuanto al acceso a la Sanidad Pública de los inmigrantes en situación no regularizada; a continuación, se dio a un turno de palabras para expresar y compartir desde las Entidades su visión y, finalmente, se pusieron en común las conclusiones de este encuentro así como la presa de acuerdos para los próximos meses.

En la intervención del doctor Pifarré se hizo patente que hay una ley española que se tiene que cumplir; una ley que está, además, condicionada por unas directrices europeas.

No obstante, el doctor Pifarré quiso dejar muy claro que en Catalunya siempre se ha considerado que excluir a los inmigrantes en situación irregular podía generar un serio problema en la sanidad pública y que, consecuentemente, se velaría siempre y dentro de lo posible la atención sanitaria. Es por eso que, precisamente, pidió también la colaboración de las Entidades para que comunicaran cualquier incidencia.