Justicia y Paz y el Grupo de Juristas Roda Ventura queremos expresar nuestra preocupación ante la situación que viven actualmente las personas internadas en las cárceles de Cataluña.
Constatamos que la política de reducción del déficit público

que impulsan la Unión Europea, el gobierno español y el gobierno catalán está produciendo, de hecho, que sean los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad quienes sufran sus principales consecuencias, y estén viviendo un proceso de degradación de sus condiciones de vida, ya de por sí precarias, y que se agravan día a día.
Entre estos colectivos, hay sin duda, el de las personas encarceladas. Este colectivo vive tradicionalmente en la marginación y el olvido por parte del conjunto de la sociedad, que en general ve bien que se le aísle de la vida social. No debemos olvidar, sin embargo, que la principal función de las prisiones, además de la de cumplir las penas impuestas por los tribunales, es la de su reinserción social, después de haber cumplido las condenas, y que, por encima de todo, son sujetos de derechos como cualquier otra persona.

La política de recortes de gasto que lleva a cabo el gobierno catalán está teniendo consecuencias en la vida de las personas encarceladas:
- La abrupta supresión de las subvenciones a las entidades sociales dedicadas precisamente a la reinserción ha dejado sin efecto o han dificultado muchos programas (educativos, residenciales, sanitarios, culturales, de ocio, de atención religiosa ...) que éstas llevaban a cabo con este objetivo.
- La reducción del 15% de la jornada laboral y de sueldo del personal interino de tratamiento (aunque inicialmente se había anunciado que no afectaría al personal de justicia) está provocando una ralentización en los programas encaminados precisamente a su reinserción, y un retraso en los permisos, hechos que aumentan la desazón y la frustración por parte de los internos.
- La supresión de los acuerdos entre Justicia y la UNED para impulsar los estudios universitarios en las cárceles deja sin este instrumento de formación y de mejora personal a una parte importante de las personas encarceladas.
- Otras medidas relacionadas con la alimentación de los internos, anunciadas recientemente.
Todas estas medidas van en detrimento de unas personas que, mayoritariamente, tienen una salud precaria y proceden de entornos familiares y sociales desestructurados, y que necesitan todas ellas reforzar los programas de apoyo, rehabilitación y reinserción.

Por todo ello, hacemos un llamamiento al Gobierno de la Generalidad para que se reconduzca la situación en las cárceles y se tomen las medidas necesarias para priorizar de nuevo las políticas de rehabilitación y de reinserción de las personas encarceladas.

Justicia y Paz
Grupo de Juristas Roda Ventura
Barcelona, ​​18 de julio de 2012
  
Justícia y Paz
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