Cáritas apuesta para potenciar la creación de empresas de reinserción laboral en vez de la política de subvenciones y pide un cambio de orientación a la Administración, según han manifestado los tres directores de la acción caritativa de la Iglesia en las comarcas de Lleida, durante la presentación de la memoria de actividades del último ejercicio.

El obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, ha acompañado a Josep Casanova, director de Cáritas diocesana de Urgell; Josep Vidal, de CD de Solsona, y de Ramon Baró, responsable en la diócesis de Lleida, durante la rueda de prensa donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio de orientación para luchar contra la pobreza, recuperando para el mercado laboral a trabajadores en paro de larga duración.

“Hay que orientar políticas de ocupación de dudosa eficiencia y ayudar iniciativas de economía social”, ha dicho Casanova, el cual ha recordado que en Cataluña sólo hay unas sesenta empresas de reinserción laboral, de las cuales siete están ubicadas en Lleida y de éstas, cuatro están vinculadas a Cáritas.

El director de CD del Obispado de Urgell, Josep Casanova, tiene claro que mucha gente del paro, no volverá nunca al mercado laboral. “Las previsiones del Gobierno son crear un millón de puestos de trabajo, pero todavía quedarán más de cuatro desocupados”, ha dicho. Ante esta situación, pide que todos los entes implicados (empresas, entidades y administraciones) apuesten para crear puestos de trabajo protegidos en vez de invertir el dinero en subsidios de rentas mínimas. "Es mucho más digno y humano dar trabajo y sueldo a una persona que no darle un subsidio", ha asegurado.

Casanova añade que "para hacerlo, habría que reorientar ciertas políticas de ocupación de dudosa eficacia a ayudas a iniciativas de economía social" y pone un ejemplo. Si la administración dedica los 600 euros que destina a pagar el subsidio a una persona a invertirlos en una empresa de inserción, además de ayudar a esta empresa a crear puestos de trabajo, la persona contratada pagará sus impuesto y contribuirá a la seguridad social, lo que supondrá un ingreso para la administración.

Por el director de Cáritas de Lleida, Ramon Baró, este cambio en las políticas sociales, no sólo tiene beneficios económicos en cuanto a aprovechamiento de impuestos sino también beneficios personales. "Hay personas a quienes ayudábamos en el pago del alquiler o de los alimentos. Reconvirtiendo esta inversión al facilitarlos un trabajo protegido, a banda que el coste es similar, desde el punto de vista personal no tiene nada a ver, porque aquella persona se siendo útil, tiene perspectivas, quiere mejorar y aprender nuevos oficios", explica Baró.

El director de Cáritas en Lleida ha reconocido que actualmente las empresas de reinserción básicamente se centran en el sector servicios, pero también ha anunciado una nueva línea de trabajo que apunta en un futuro en el sector agroalimentario.

Baró también ha apuntado en la necesidad de iniciar una reflexión con los responsables de los Bancos de los Alimentos, para repensar sobre la eficiencia de este servicio social, que necesita muchas horas y acapara mucho personal, pero que probablemente no es tan provechoso como popularmente puede creerse, dado el derroche que hay de los productos. El responsable leridano de Cáritas apuntaba que el 50% de los alimentos se derrochan, según la FAO.

En este sentido, Josep Vidal, de Cáritas de Solsona, ha mencionado la iniciativa de la Diputación de Barcelona de crear una tarjeta solidaria, que se entrega a aquellas personas necesitadas, para que bajo un control, puedan acceder en las tiendas y adquirir los productos necesarios para una alimentación equilibrada, evitando las colas de la vergüenza en el reparto de los alimentos.

El obispo Joan ha cerrado el acto recordando que el próximo domingo la Iglesia celebraba la Fiesta de la Caridad, en un intento de concienciar los ciudadanos sobre el sentido de la fiesta, más allá de la popularidad de las alfombras ornamentales con las que se ornamentan las calles durante el Corpus Christi.

Las Cáritas diocesanas de Lleida, Solsona y Urgell han atendido en el último año a 15.743 personas o familias. En total, cuentan con 74 puntos de atención en el territorio, donde colaboran 1.562 voluntarios. En políticas de acción social han invertido 2,2 millones de euros y en políticas de ocupación 1,9 millones. Unos datos similares a los del año pasado, que en algunos aspectos resultan insuficientes para atender todas las necesidades.