La Fundación FOESSA y Cáritas han presentado un estudio basado en 8.800 encuestas familiares, donde se analizan cuestiones como el nuevo modelo social, la distribución de la renta, el mercado de trabajo o el estado del bienestar. El informe alerta que el 25% de la población se encuentra en situación de exclusión social y que sólo el 34,3% de los españoles disfrutan de una situación de integración social plena. Las dos instituciones piden de forma urgente fortalecer los sistemas públicos de protección social e impulsar los valores cívicos para construir un nuevo modelo de sociedad.

Este martes 28 de octubre se ha presentado en Madrid el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, del cual se desprenden datos tan preocupantes cómo que casi el 25% de la población se encuentra en situación de exclusión social, lo que representa 11.746.000 personas.

Este documento, elaborado con la colaboración de más de 90 investigadores de 30 universidades, pone de manifiesto que las diferentes reformas que se han ido aplicando han supuesto una regresión en el bienestar de los ciudadanos. Prueba de ello es que el núcleo central de la sociedad española considerada en situación de integración social plena ya es una minoría. Si en 2007 este grupo representaba el 50% del total, a estas alturas el porcentaje ha bajado hasta el 34,3 %. Los datos indican, también, que de los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% sufren exclusión de trabajo, el 61% de vivienda y el 46% de salud.

Las familias numerosas son las que se ven más afectadas, al dibujar el perfil sociológico, sobre todo las unidades familiares con muchos niños y muchos jóvenes. En consecuencia, Cáritas y la Fundación FOESSA denuncian que se multiplica de forma generalizada la vulnerabilidad de la juventud. El 35% de los jóvenes viven en hogares excluidos y el 27% de la juventud desempleada está fuera del sistema educativo.

El estudio indican en sus conclusiones que, al analizar los efectos de las políticas de austeridad tanto en el Estado español como en el conjunto de la Unión Europea, los recortes de servicios sociales y bienestar son incompatibles con la consecución del objetivo de reducción de la pobreza recogido en la Estrategia Europea 2020.

Por todo esto, el informe pide considerar el gasto social como una inversión, y priorizar aquellos ámbitos que permitan reducir la desigualdad, como la sanidad, la educación, las pensiones y las rentas mínimas. Además, insta a desarrollar políticas familiares eficaces, a evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a construir un compromiso redistributivo ético cercano a la media europea.

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Si queréis el informe entero, os lo podéis descargar visitando este web.