La cruda realidad nos muestra que, hoy en día, la carencia de acceso a una vivienda digna y al alcance de la mayor parte de la ciudadanía es el primer factor de exclusión social. Estamos en una situación de emergencia habitacional.

 

Según el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Catalunya (2022) publicado por la Fundación FOESSA de Cáritas (adjuntado al final de la noticia), el 26,5% de la población catalana en situación de exclusión social se encuentra en una situación de inseguridad a la vivienda, y el 44,7%, en situación de infravivienda.

 

El 69,8% de las personas atendidas por Cáritas Catalunya el 2023 no podían hacer frente a los gastos de vivienda (alquiler, realquiler o, en algunos casos, hipoteca), y el 23,2% sufrió alguna amenaza de expulsión de la vivienda durante los últimos meses.

 

La precariedad y la temporalidad laboral, el encarecimiento de la vida, la inflación, y otros factores hacen que muchas familias tengan que dedicar más del 60% de sus ingresos al pago de una hipoteca o del alquiler de un piso y para el pago de suministros al hogar, el que tiene consecuencias muy importantes en sus vidas. Para pagar la vivienda se reduce el consumo de productos básicos y esto tiene repercusiones en una dieta equilibrada y de calidad; la compra de medicamentos, así como los gastos en ocio, ocio y cultura; muchos niños no pueden participar de actividades extraescolares, colonias y campamentos; incluso, hay familias que no pueden disfrutar de vacaciones fuera del domicilio particular.

 

El sistema de alquiler, la dificultad de empadronamiento y las continuas carencias de atención presencial -por parte de algunas administraciones locales-, el escaso parque de vivienda social pública y la mercantilización de la vivienda como elemento de especulación, por parte de fondo buitres, bancos y grandes tenedores – muchos sin ningún tipo de escrúpulos -, tienen como consecuencia que muchas personas y familias viven en situación de sinhogarismo o infravivienda.

 

Ante la complejidad del problema de la exclusión residencial hay soluciones. Las administraciones públicas tienen que promover con urgencia políticas públicas decididas que consigan resolver el problema y dotarlas presupuestariamente.

 

Cáritas y otras organizaciones de acción social también hemos pedido desde hace años: la implementación del housing first, la construcción de vivienda social, la regulación sobre la especulación inmobiliaria y la promoción del alquiler social concertado para garantizar que los propietarios cobren los alquileres o el aumento de la presión fiscal sobre los pisos vacíos desde hace años, entre otros.