A continuació podeu llegir l'article que el Bisbe Salvador ha publicat avui, 4 de desembre a la premsa local, en relació a la qüestió de les inmatriculacions: 

El pasado 2 de diciembre, apareció un artículo firmado por Joan CASAJOANA I VIVES, responsable per les inmatriculacions de l’Església d’Unió de Pagesos, en el que se vierten duras acusaciones contra la Iglesia Católica con motivo de las inmatriculaciones de bienes en un proceso “ple d’irregularitats, i privilegis sense garanties ni seguretat jurídica…”. En el escrito arremete contra la Iglesia a la que acusa de vulnerar la Constitución, el Estado de derecho, la democracia, el derecho europeo y los derechos garantizados por la Convención Europea de los derechos humanos. El summum. Hay mucho más a lo largo del escrito. No creo que sea objeto de demandas por injurias, pero sí una respuesta en el mismo medio para sus lectores y, en particular, para los católicos. No vayan a pensar que tienen un responsable diocesano incurso en tales delitos o protagonista de tales barbaridades. Brevemente este obispado manifiesta lo siguiente:

1.- Esta diócesis no ha robado ni confiscado nada a nadie. Así lo aprendió el obispo desde la infancia y así trata de enseñarlo a sus diocesanos. El catecismo de nuestra Iglesia lo considera un pecado. Estoy absolutamente convencido que los obispos anteriores y los vecinos en la actualidad han actuado del mismo modo.

2.- Siempre se han cumplido las leyes y disposiciones en el tema de las inmatriculaciones desde el siglo XIX hasta hoy. No podía ser de otra manera. Vivimos en una sociedad civilizada, no en una selva donde gana siempre el más fuerte o el más poderoso. Seguro que los funcionarios (notarios, registradores, el catastro…) también han actuado en cada momento dentro de la más estricta legalidad.

3.- En esta diócesis no se ha presentado ninguna denuncia por esta causa. Si hubiera habido algún error en un caso concreto, se rectifica, incluso sin llegar a tribunales; de forma amistosa.

4.- En el artículo se desliza una sibilina e impresentable división: los responsables, obispos y sacerdotes, y los fieles. Los primeros que se apoderan sin respetar el derecho y los segundos que callan y asienten a sus maldades.

5.- La afirmación de que los bienes los ha trabajado o costeado el pueblo cristiano es indiscutible. Y la finalidad también: para el culto y para el sostenimiento de las actividades caritativas y pastorales. Así lo hicieron nuestros antepasados.

6.- Las comunidades cristianas son las auténticas protectoras de los bienes. Los han creado y cuidado en el pasado y lo hacen también en la actualidad, directamente o con los fondos comunes, de todos, que cada año distribuye el obispado para la restauración del patrimonio.

7.- Se ha ofrecido la colaboración del obispo a la Unió de Pagesos de Lleida para eliminar cualquier anomalía, irregularidad o error en el tratamiento de las inscripciones.

8.- En la página web diocesana hay un resumen de esta cuestión para información pública. Con anterioridad se han publicado otros muchos comunicados.

  Los cristianos no merecen ser tratados del modo como lo hace el Sr. Casajoana. Algunos me han llamado aconsejando el silencio para no complicar las relaciones humanas o para que no aparezca la Iglesia en los medios con asuntos polémicos. Impulsa esta respuesta la acusación global contra la gestión de los obispos o delegados y, sobre todo, contra la acusación de apropiación indebida, lanzada de forma global sin descender con datos concretos a esta cuestión que suscita mil comentarios. 

+Salvador Giménez, obispo de Lleida.