Escribo este breve y habitual comentario dominical el día posterior a la declaración de la minis-tra de Educación, «la libertad de elección de los padres del tipo de centro no emana del artículo 27 de la Constitución» en el Congreso de Escuelas Católicas, celebrado en Madrid a mediados del pasado mes de noviembre. Son líneas que pueden tener poca actualidad pero que son de una importancia permanente. Ha pasado un cierto tiempo y las matizaciones posteriores de la autora, si las hubo, y las reacciones de unos y otros sobre la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución Española, pueden dejar sin efecto mis opiniones.

En primer lugar quiero recordar a todos la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos.

La Iglesia la ha defendido siempre y en cualquier circunstancia este derecho de los padres. Hay abundante documentación al respecto. Hay una frase en la Declaración sobre la Educación Cristiana del Concilio Vaticano II muy ilustrativa y que resume la postura permanente de la Iglesia sobre esta cuestión. El número 3 del citado documento empieza con estas palabras: «Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole y por tanto, ellos son los primeros y obligados educadores». Ni siquiera la Iglesia se arroga la posibilidad de sustituirlos o suplantar esta responsabilidad para ella misma.

En segundo lugar es necesario recordar el artículo 27.3 de la Constitución Española que dice: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Se podrían citar muchos convenios y tratados internacionales en el mismo sentido y que España ha suscrito con el compromiso de su cumplimiento.

En tercer lugar es llamativo que una ministra del gobierno ignore o tergiverse el sentido de esta afirmación cuando su principal obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes de la nación. Las palabras que pronunció la ministra de Educación en el mencionado congreso en el sentido de desvincular la Constitución con el derecho de los padres, es un ataque frontal a nuestro ordenamiento jurídico y una provocación a toda la sociedad recortando alguno de sus derechos.

Por último expresar algunas sorpresas que me producen este tipo de declaraciones. La primera es la constante sospecha de que los padres no son capaces de educar a sus hijos, la función educativa corresponde primordialmente al Estado; esta última transferencia en un sistema social abierto es inaceptable. La segunda es el no reconocimiento o el trato en pie de igualdad de centros de enseñanza promovidos por instituciones sociales usando de la libertad que fija nuestra Constitución. La tercera es la limitación de derechos por personas o instituciones que continuamente exigen el cumplimiento de los mismos o acusan a los demás de poner en riesgo su ejercicio. La cuarta es negar o disminuir la financiación a los centros no estatales con la excusa de que cada familia debe hacer frente a su cuantía. La quinta es la ausencia de un verdadero pacto educativo que promueva la calidad, la participación y la libertad. La sexta es la permanente búsqueda del enfrentamiento entre las dos redes de escuelas existentes en nuestro país. La séptima se da en la negativa a aceptar la religión en el currículum escolar...

Hay muchas más sorpresas que no caben en este escrito y sería interesante desarrollar para buscar un verdadero encuentro en la educación y en la enseñanza de las nuevas generaciones. Pero que participáramos todos.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls. Obispo de Lleida.