Por los directores de Càritas diocesana de Lleida, Solsona y Urgell
El pasado 24 de julio se oficializó el traspaso en la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) de la administración central a la Generalitat de Cataluña. El traspaso de competencias responde a una de las demandas históricas por parte del gobierno catalán, pero también de las entidades del tercer sector que llevamos tiempo solicitándolo. Esta transferencia es importante para asegurar una correcta coordinación entre las dos prestaciones sociales que, al tener condiciones de acceso diferentes, han provocado gestiones administrativas complicadas y bajos niveles de cobertura.
El año pasado, el 79% de las familias atendidas entre las 10 Cáritas diocesanas con sede en Cataluña se encontraban en situación de pobreza severa, el 54% tenían niños y adolescentes a su cargo, y solo un 9,8% eran receptoras, ya sea del IMV o de la RGC (Renta Garantizada de Ciudadanía). Sin embargo, el 22% tenían un empleo precario. Estos datos reflejan una realidad que no podemos ignorar. Llevamos años denunciando la existencia de una parte de la población que vive en situación de pobreza extrema crónica y que la vulnerabilidad de derechos de una parte importante de niños y niñas en situación de pobreza proyecta una transmisión intergeneracional. Este hecho aumenta notablemente las dificultades para que estos niños puedan salir de una situación precaria a lo largo de su vida.
En Cataluña, en el año 2023, la tasa de pobreza económica después de las pensiones, y antes de cualquier otro tipo de transferencia social, se situaba en el 23,9%. Después de todas las transferencias, bajaba al 18%, reduciéndola solo en 6 puntos porcentuales.
Si lo que queremos es asegurar el derecho de acceso a unos ingresos mínimos y la reducción de la pobreza, especialmente la más extrema, para que la población tenga una vida digna, es necesario revisar de forma urgente cómo se están haciendo las cosas, comenzando por simplificar el sistema. Las actuales prestaciones de garantía de ingresos no responden suficientemente a su objetivo de reducir la pobreza.
El IMV y la RGC han sido ideados para dar respuesta a las necesidades de personas que difícilmente disfrutan de oportunidades para revertir su estatus económico y social. No se trata de consolidar una situación de dependencia institucional de las familias, sino que, con una buena gestión de prestaciones, puedan convertirse en un apoyo para dinamizar la búsqueda de oportunidades para progresar en su vida diaria. Por eso, es necesaria una transformación en profundidad del sistema para acabar tanto con la falta de coordinación entre administraciones, como con las contradicciones que conlleva la convivencia de formatos y criterios diferentes.
En definitiva, este traspaso de competencias debe ser una oportunidad para aumentar los niveles de cobertura de ambas prestaciones y avanzar en la atribución de la renta garantizada de ciudadanía para que llegue a los colectivos en situación de extrema vulnerabilidad que aún continúan quedando fuera. Una oportunidad también para modificar el sistema de prestaciones sociales, hacerlo más eficiente y optimizar su capacidad de protección social. Sin duda, se trata de un paso adelante hacia la transformación social, pero no suficiente.