“Por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio” (Mt. 10,18)

20 Abril 2008 

Queda lejos el ruido que se produjo en torno a la nota de los Obispos de la Permanente de la Conferencia Episcopal con ocasión de las Elecciones Generales. Un alboroto que da que pensar. Es la actualización de una cuestión que ha marcado la historia de la Iglesia: sus relaciones con la comunidad política. Unas relaciones que, desde el punto de vista de la Iglesia han llevado a la búsqueda de un necesario espacio de libertad para vivir y manifestar la fe. 

La experiencia histórica de los últimos siglos y la visión de la propia acción política ha llevado a la Iglesia a clarificar que, desde el punto de vista de la fe cristiana, “en razón de su función y de su competencia no se confunde de ningún modo con la comunidad política y  no está vinculada a ningún sistema político” (Concilio Vaticano II, GS, 76). La tarea propia de la Iglesia no es entrar en la acción política, sino llevar adelante, dentro del respeto y reconocimiento que ésta le merece, su tarea específica, que es de orden religioso y moral. Por ello, el Papa Benedicto XVI nos recuerda que la Iglesia “debe insertarse -en la acción política- a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar”(Dios es Amor, 28). Se trata de contribuir, especialmente entre los cristianos, a una visión de la realidad que permita elegir aquellas iniciativas más justas y verdaderas para el logro del bien común. 

Nuestro actual sistema constitucional afirma la aconfesionalidad del Estado, es decir, su no identificación con ninguna religión, garantizando a su vez la libertad y el desarrollo de todas las religiones, por estar éstas vinculadas al derecho de libertad religiosa de los ciudadanos. Por ello el Estado renuncia a ejercer ningún tipo de tutela o control sobre las religiones, y se compromete a respetar y promover las iniciativas de los ciudadanos en orden al cultivo de su dimensión espiritual y religiosa. En este sentido, ¿no quedan fuera de lugar algunas de las amenazas que se han lanzado sobre la Iglesia en estos últimos tiempos? ¿a qué viene amenazar con un tema ya resuelto, como es su financiación económica, la cual recae sobre los ciudadanos que libremente quieren apoyarla? En resumen: ¿por qué en una sociedad de libertades la Iglesia es la única que no puede aportar su visión sobre la situación apelando a la conciencia y a la libertad de las personas? 

Recuperar los fantasmas de tiempos pasados en las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política es una quimera. Estamos en una nueva situación que exige también de la Iglesia una nueva capacidad para comunicar su mensaje.

  X Javier Salinas Viñals,

Obispo de Tortosa

Administrador Apostólico de Lleida