“Por sus frutos los conoceréis” (Mt 7,20)

14 Octubre 2007

Es conocido el debate que está generando la puesta en marcha de la nueva materia escolar “educación para la ciudadanía”. La Iglesia, a través de sus Pastores, ha mostrado los límites de esta propuesta y, especialmente, las contradicciones que genera de cara a la salvaguarda del derecho a la libertad religiosa de padres y alumnos. Al respecto, no se trata de cuestionar la existencia de una materia escolar dedicada a promover la educación en la convivencia, a partir de las leyes y los valores que constituyen la carta magna que como sociedad nos orienta: la Constitución de 1978. Pero el decreto que regula dicha enseñanza, y, tal como muestran los diferentes textos escolares, provoca honda preocupación porque, en realidad, va más allá de la “neutralidad ideológica” de la escuela pública, lo cual hace inviable la libertad de los padres a una enseñanza para sus hijos según sus convicciones.  

Toda esta problemática provoca un debate sobre el papel del Estado en relación con los derechos de los ciudadanos. En todo caso, la actual configuración de la educación para la ciudadanía no puede llevarnos a una confrontación global y sistemática con las autoridades públicas. La Iglesia no tiene ningún proyecto político ni pretende minar la legitimidad de quienes tienen la responsabilidad del gobierno. Su misión no es promover la acción política, pero sí iluminar, con su mensaje y testimonio, el logro de derechos tan fundamentales como es la libertad religiosa o el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas.  

La crítica social es una dimensión interna de la propia experiencia de la fe, siempre en vistas al logro del bien común de la sociedad. Una fe que no tuviera capacidad para iluminar y valorar los acontecimientos, no sería más que un mero sentimiento sin consecuencias. Los cristianos no debemos extrañarnos ante las dificultades que actualmente experimentamos, pero tampoco sobrevalorarlas como si estuviéramos ante un conflicto insuperable. Como recordaban los Obispos en su último documento dedicado a las orientaciones morales ante la situación actual: “en una sociedad democrática pueden desarrollarse ideas o instituciones contrarias al cristianismo. Pero este conflicto no es inevitable, ni tiene por qué ser definitivo. Las diferencias no tienen por qué degenerar en conflictos. La grandeza de la democracia consiste en facilitar la convivencia de personas y grupos con distintas maneras de entender las cosas, con igualdad de derechos y en un clima de respeto y tolerancia”. En este sentido, no podemos permanecer inactivos cuando están en juego derechos fundamentales. En esta hora debemos ser fuertes y, después de escuchar la palabra de la Iglesia, cada uno bajo su responsabilidad actuar para garantizar la libertad de la familia en orden a la educación de sus hijos.

X Javier Salinas Viñals,

Obispo de Tortosa

Administrador Apostólico de Lleida