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"Cristo nos ha liberado, para que seamos libres” (Ga.5,1)
8 Julio 2007 La libertad constituye una dimensión distintiva del ser humano. Ser libre es poder y querer elegir, es vivir según la propia conciencia. El Papa Juan Pablo II, tan sensible al valor de las libertades, afirmaba: “La libertad de conciencia, y de religión... es un derecho inalienable de la persona; más aún, en la medida en que alcanza la esfera más íntima del espíritu, se puede incluso decir que sostiene la razón de ser de las restantes libertades“ (Observatore Romano, 15/10/1980). En este sentido, todo control cultural y moral de la libertad personal, toda actividad legislativa contraria a los valores fundamentales de la existencia humana, chocan necesariamente con las exigencias de una sociedad libre y democrática, y con el respeto a la conciencia personal. En nuestro momento actual, la administración educativa estatal ha propuesto una nueva materia que puede constituir una grave lesión al derecho de la libertad de conciencia y religiosa, reconocidas por nuestro ordenamiento constitucional. Se trata de la llamada “educación para la ciudadanía”. Una materia a la que no habría nada que objetar si facilitara el conocimiento de los principios constitucionales o de las normas cívicas de convivencia. Pero, tal como se presenta, impone una visión del hombre que solamente algunos comparten. Eso es lo que denuncian los Obispos en una nota publicada recientemente: “la autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos; ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra. Vulneraría los derechos de los padres y los de la escuela libremente elegida por ellos según sus convicciones. Son los padres y es la escuela, como colaboradora de éstos, los que tienen el derecho y el deber de la educación de las conciencias, sin más limitaciones que las derivadas de la dignidad de la persona y del orden público”. La educación para la ciudadanía se rige por los criterios propios del relativismo moral; es decir, de una concepción del comportamiento ético que no tiene en cuenta la verdad del ser humano. De esta manera, la medida del bien está en cada uno. Desde aquí se puede considerar tan legítimo el aborto como la defensa de la vida. Introduce, además, un concepto, de la sexualidad en la cual la identidad de la persona como hombre o como mujer, es suplantada por la orientación sexual que cada uno le quiera dar a su vida. Una manera de legitimar cualquier comportamiento sexual. Por todo esto, “los padres harán muy bien defender con todos los medios legítimos a su alcance, el derecho que les asiste de ser ellos los que determinen la educación moral que deseen para sus hijos...”. El Estado no puede imponer una determinada moral, porque vulneraría el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad religiosa. X Javier Salinas Viñals, Obispo de Tortosa Administrador Apostólico de Lleida |